MIGUEL ANGEL ALBIZURES
Sí, en algunos lugares se ha hecho realidad el ejercicio del derecho a la resistencia, ha sido en las comunidades de Santa Cruz Barillas, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en contra de proyectos que atentan contra la vida y hieren de muerte las montañas y ríos. Pero no han sido solo ellos, porque los atentados contra el medio ambiente atraviesan el territorio nacional y muchos otros líderes comunitarios, han pagado con su vida o con la cárcel su oposición a proyectos llamados de desarrollo en los cuales, los afectados, jamás han sido tomados en cuenta, pero si se ha escuchado y protegido los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros. San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Santa Rosa y otros han sido un ejemplo de esa lucha de defensa de los recursos naturales.
La criminalización de la resistencia, que es un derecho constitucional, como lo es el derecho a la libre expresión, han sido criminalizados en Guatemala, porque a este gobierno, como a otros que han sido fieles defensores de los intereses de quienes más tienen, poco o nada les ha importado los Artículos 28, 33, 35, 45 o 67 de la Constitución que se refieren respectivamente a: El derecho de petición de los habitantes, derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, legitimidad de la resistencia, protección a las tierras y cooperativas a indígenas y así como estos, el articulado de la Constitución sigue siendo letra muerta en el país, lo cual requiere de un movimiento social fuerte y solidario que obligue a quienes gobiernan a respetarlo.
“Resistencia Nuevo Amanecer” conformada por las comunidades de Santa Cruz Barillas, desde hace años viene oponiéndose a proyectos que, a largo plazo provocan la muerte y en corto tiempo enriquecen a unos cuantos. Esa resistencia pacífica le costó la vida, un 1 de mayo de 2012 a Andrés Pedro Miguel por negarse a vender su tierra, otros más han sufrido la misma suerte, cuatro de ellos guardan prisión hace más de dos años y el 26 de febrero fueron detenidos Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Arturo Pablo y posiblemente se ejecuten otra treintena de órdenes de captura en un vano intento de frenar la legítima resistencia.
Los hechos violentos que se dan contra periodistas o el intento de callarlos mediante procesos judiciales, como el caso de Jose Rubén Zamora, representa ni más ni menos que la criminalización del derecho a expresarse y resistir. Crear terror a través de asesinatos, provocar temor de ir a la cárcel o desaparecer, es una política criminal que ya vivimos bajo las dictaduras y que podemos y debemos hacerle frente, como ya lo hacen las comunidades cercanas a la mina El Tambor en La Puya, San José del Golfo, en Santa Cruz Barillas y otras regiones en donde se defiende la vida frente a quienes provocan la muerte en aras del desarrollo y engrosamiento de su riquezas. Si callamos hoy, no podremos hablar mañana. De la actitud activa y decidida de los periodistas, del pueblo y de las comunidades afectadas depende nuestro futuro.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20150305/opinion/9457/Resistencia-y-expresi%C3%B3n.htm
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