Ayer viernes 10 de mayo, el Tribunal A de Mayor Riesgo determinó que en Guatemala se cometió Genocidio y Crímenes de Lesa Humanidad en contra de la población Maya Ixil, bajo la responsabilidad del ex jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt, quien fue condenado a 80 años de prisión. El ex dictador se convierte, entonces, en el primer jefe de Estado condenado por un tribunal nacional por el delito de genocidio.
La sentencia materializa, tras muchos años de insistencia y obstáculos políticos y jurídicos, el derecho de las víctimas de acceder a la justicia por masivas y graves violaciones a los derechos humanos. Durante las audiencias, que despertaron el interés y debate entre la sociedad guatemalteca, más de 100 testigos del pueblo Ixil expusieron ante el Tribunal las masacres, torturas y violencia sexual sistemática a la que fueron sometidos ellos y sus familiares, en un contexto de racismo estructural. La sentencia proferida responde a la solicitud de Benjamín Jerónimo, presidente de la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR), quien solicitó al Tribunal “que se haga justicia para que las víctimas asesinadas, para que los sobrevivientes se sientan tranquilos, se sientan con confianza, que tengan una nueva confianza en las autoridades”.
La resolución ha demostrado la voluntad y capacidad del Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia para documentar, analizar y posteriormente resolver sobre la base de información objetiva y con apego al derecho, a pesar de las presiones mediáticas y los vacíos y problemas estructurales que prevalecen a nivel político y normativo. En tal virtud, constituye un ejemplo de cómo la justicia debe ser el vehículo para generar confianza social en el Estado, responsable de erradicar la violencia, polarización y conflictividad. Como Plataforma contra la Impunidad, compartimos la afirmación del Tribunal al indicar que “para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia”, pues “la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también ayuda a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país”.
Entendemos que la culminación del debate oral no finaliza el proceso por genocidio y que aún varias etapas procesales deben ser agotadas. Esperamos que todas las partes procesales, atiendan las etapas siguientes observando las reglas que les rigen y buscando que las decisiones judiciales finales sean apegadas al derecho y a la justicia, de cara a la sociedad y al debido proceso, considerando la trascendencia del mismo para el país.
Así mismo, será fundamental que el Gobierno y el Congreso, en cumplimiento de los principios de la división de poderes y el Estado de Derecho, apoyen la administración de justicia y respeten las decisiones judiciales proferidas; y, con este ejemplo, animen a la sociedad guatemalteca a asumirlas con sentido democrático, para que la verdad y la justicia se constituyan en pilares de una nueva forma de convivencia que permita superar las causas que motivaron el conflicto armado y que hoy siguen causando violencia e impunidad.
Guatemala, 11 de mayo de 2013
Email: iw-guatemala@impunitywatch.org
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