Helmer Velásquez
Si alguna sociedad resiente tener una justicia lenta, incumplida y excluyente, esa es la nuestra. Un sistema judicial vetusto, alejado de la ecuanimidad, despótico, exageradamente formalista y diseñado en esencia para dejar fuera de su invocación a–por lo menos– el 51 por ciento de la población, cuya pobreza y alfabeto hace imposible acceder a un sistema judicial –además– monolingüe en el medio de una sociedad multilingüe. El laberinto de leyes, reglamentos, circulares y otras disposiciones aplicables, alcanzan la pasmosa suma de 68 mil vigentes, de las cuales los letrados estiman que 30 mil son obsoletas.
Esta babel normativa y la precaria institucionalidad que la sostiene, creadas en el siglo XVI, perfeccionadas y vigentes, en el ahora, han sido bautizadas por sus creadores: “Estado de Derecho”. En ese orden de ideas, los pregoneros de la legalidad constantemente señalan, que “la ley es dura pero es la ley”, es decir, aunque un fallo judicial nos sea desfavorable, deberemos aceptarlo pues proviene de la majestad de la ley, expresión que obviamente no es cosecha empresarial, pero que les ha caído como anillo al dedo cuando, por ejemplo: se expulsa de su tierra a campesinos famélicos, que “en juicio imparcial” no han podido demostrar su propiedad sobre la tierra ocupada.
Otra frase muy socorrida es aquella que dice: “los fallos judiciales no se discuten, se acatan”. Pues bien, estas “verdades” tantas veces esgrimidas por el empresariado guatemalteco han perdido vigencia, están en desuso.
Se trata de expresiones que siempre estuvieron erradas. Cuestionan ahora, los empresarios, el fallo emitido en contra de Efraín Ríos Montt y “llaman” a la judicatura constitucional a “enmendar todas las anomalías en que se ha incurrido durante el proceso” les parece que se tipificó mal el delito, hubo faltas graves al debido proceso. En síntesis –argumentan– la justicia ha sido “presa del conflicto ideológico” (sic), equivocado razonamiento y peor mensaje el del empresariado. Uno siguiendo su línea de razonamiento podría colegir que: si el fallo les es adverso –a los empresarios–, es porque la justicia es “comunista” y si cuando –como regularmente sucede– les es favorable, debemos concluir que se trata de una justicia racista, excluyente y fascista.
http://www.elperiodico.com.gt/es/20130516/opinion/228329/
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